Desde hace décadas venimos viendo como nuestro Sistema Educativo se enfrenta a numerosos cambios; ¿Obvio no?
Desde que en 1970 se aprobó la entonces controvertida ley Villar Palasí, en realidad la primera y última ley de educación del Régimen Franquista, hemos pasado por la LODE, la LOGSE; la LOCE (fallida ley del PP); la LOE; y ahora la LOMCE. Seis leyes en un periodo de 45 años…(sale a una ley cada 7,5); si tenemos en cuenta que cada ley ha precisado de un tiempo importante (la LOGSE desde septiembre de 1991 hasta 1999) para su implantación, podremos concluir con facilidad que ninguna de ellas ha tenido tiempo para mostrar sus virtudes, aunque todas ellas han podido enseñarnos sus desaciertos. Quizá la única que se puede salvar es la de 1970 que en buena parte, si bien con modificaciones importantes, estuvo vigente hasta 1991.
En estos cuarenta y cinco años ha habido una constante en el mundo de la educación en nuestro país (al menos desde 1981 en que yo trabajo en esto): tanto el profesorado, como la sociedad española hemos manifestado un importante desacuerdo con regulaciones del Sistema Educativo Español, y hemos culpado de la falta de éxito de nuestro alumnado, a los condicionamientos legales que tales sistemas nos imponían. Pero también había un importante grado de insatisfacción en los resultados que conseguíamos.
Esto ha sido reiteradamente aprovechado, por quienes habían de tomar decisiones en el plano político, para “curvar” las legislaciones hacia zonas, que tenían poco que ver con la mejora académica, y mucho con sus propuestas de modelo de sociedad. Quizá hubo una excepción, la LOGSE. A muchos de quienes nos ha tocado vivirla, e incluso impulsarla, nos parecía algo diferente. Sin embargo, y por razones diversas acabó siendo denostada. Entre estas razones no fueron menores la situación económica del país, lo arriesgado de una propuesta real de cambio metodológico, la bisoñez de algunos y el enfrentamiento enconado de otros.
Pero no se trata de retornar veinticinco años al pasado. En esto me atrevo a afirmar que Jorge Manrique, el hijo del Marqués de Santillana, no tenía razón cuando decía aquello de: …cualquiera tiempo pasado…; lo cual no quiere decir que fuera malo.
Con las mismas leyes, todos sabemos que hay docentes, y no pocos, que consiguen resultados muy buenos (y excelentes) de su alumnado; y llevan haciéndolo desde hace décadas (podríamos decir desde hace leyes educativas). No es difícil reconocer patrones comunes en el trabajo de este profesorado: Concepción holística e integradora de la educación, visión abierta de los curricula, comprensión de la existencia de características personales importantes en cada estudiante, metodologías motivadoras y participativas… Poco importa para este profesorado, si el objeto de estudio de su alumnado se llama de una manera o de otra; si un ciclo dura dos años o tres ¡o sólo uno!; incluso cómo se distribuyen temporalmente las materias de estudio, a lo largo de cada etapa educativa.
Una buena parte han empezado en el BUP y el COU con evaluaciones de contenidos, en procesos cuyo objetivo fundamental era la selección del alumnado universitario. Se incorporaron a la LOGSE, con el cambio de paradigma que entre otras cosas supuso: reducir drásticamente este aspecto selectivo, incorporar a las aulas de Educación Secundaria, a todo el universo menor de dieciséis años (incluso hasta los dieciocho), asumir el constructivismo como referente metodológico, etc. Ahora trabajan en el marco de la LOE, con la introducción de las competencias básicas como referentes; y seguramente se incorporarán a la LOMCE sin gran dificultad, utilizando los estándares de aprendizaje ¡incluso consiguiendo buenos resultados en las pruebas PISA!
Sin embargo, y a pesar de tales evidencias, nuestros legisladores se empeñan en cambios normativos que son de fuerte calado político-social. Orientan la educación al objetivo de conformar una sociedad con unas características muy claras: la educación pasa a ser un elemento vertebrador fundamental de un (permítaseme la expresión) ultradarwinismo social, que encuentra en las diferentes maneras que tiene el alumnado, para responder al mundo escolar, la disculpa para recuperar una nueva forma de estratificación social, una supuesta selección de los mejores (con la consiguiente clasificación del resto).
Es por esto que se pone el acento: en los procesos de selección del alumnado, en los curricula cerrados (a los que responderá bien el alumnado Alfa), o en los itinerarios que determinan propedéuticamente el futuro académico (y como consecuencia social) de cada alumna o alumno.
Solo podremos entender como propuestas legislativas orientadas a la mejora del rendimiento de nuestro alumnado, aquellas que: garantizan la igualdad de derechos, reconocen las diferencias en el aprendizaje derivadas no sólo de sus capacidades, sino especialmente, de que cada alumna y alumno es un proyecto consciente de persona, sobre el que deberemos actuar para ayudarle en su desarrollo. Esto se contradice claramente con la idea de que todas y todos han de estudiar lo mismo, al mismo tiempo y de la misma manera. Es algo que muchas y muchos docentes llevan entendiendo desde hace mucho tiempo.
Ildefonso Menéndez Fernández